21/04/26
Amenazas en escuelas: consecuencias económicas y penales
Este lunes, el ministro de Educación José Goity, de Seguridad Pablo Cococcioni, la vocera Virginia Coudannes y la subsecretaria de Salud Mental Victoria Mancini, anunciaron que los adultos responsables de los menores que hayan realizado intimidaciones deberán resarcir económicamente al estado provincial.
Según estimó Cococcioni, cada despliegue policial que se lleva adelante por este tipo de casos cuesta seis millones de pesos al gobierno. “No podemos permitir que lo paguen difusamente los santafesinos con sus impuestos. Vamos a perseguir el cobro”, enfatizó.
“Acá hay delitos y más allá que en algunos casos pueda haber personas no punibles por la edad, hay que decir que una investigación penal en el marco del Código procesal penal deja huellas que no son siempre agradables para la persona en la posteridad. Lo que se plantea como una broma o un chiste, algunos años después va a impedir obtener un certificado de buena conducta”, amplió.
Por su parte, Goity informó que se enviaron notificaciones a las escuelas con pautas para abordar el tema y se avanzó en un programa de educación digital. Con todo, advirtió sobre la imposibilidad de anticiparse a retos virales que pueden resultar peligrosos, pero aseguró que "la escuela sigue siendo el mejor lugar donde pueden estar los chicos"
De acuerdo a datos oficiales, en los últimos dos días de clases se registraron 149 denuncias en instituciones educativas de la provincia: 65 correspondientes al viernes y 84 durante el lunes.
En este contexto, en Arroyo Seco se reportaron tres episodios, dos en escuelas secundarias y uno en una escuela primaria
En el Colegio San José un alumno de séptimo grado llevó un arma blanca con la que amenazó a un compañero de curso y a la docente presente en el aula.
La institución emitió un comunicado dirigido a las familias indicando que activó el protocolo correspondiente, dando inmediata intervención a las autoridades de seguridad competentes.
“Deseamos transmitir tranquilidad, ya que no se registraron personas heridas ni lesionadas. Asimismo, consideramos oportuno reforzar la importancia del trabajo conjunto entre familia y escuela, promoviendo espacios de diálogo, escucha y reflexión que contribuyan al fortalecimiento de los valores y la convivencia en nuestra comunidad educativa”, agregó la nota firmada por el equipo directivo de la escuela primaria de nuestra ciudad.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad sostienen que muchas de estas situaciones responden a un “efecto de imitación”, con mensajes intimidatorios —a través de pintadas o redes sociales como WhatsApp— que anuncian supuestos ataques que finalmente no se concretan.
Sin embargo, remarcaron que este tipo de conductas no constituyen bromas, sino delitos tipificados como intimidación pública en el artículo 211 del Código Penal. En ese sentido, recordaron que estas acciones generan graves consecuencias, no solo en términos de seguridad y alteración de la vida escolar, sino también legales para quienes resulten responsables.
En paralelo, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) avanza con investigaciones para identificar a los autores de los mensajes, que pueden derivar en allanamientos y secuestro de dispositivos electrónicos. Además de las sanciones judiciales, el gobierno provincial resolvió avanzar con el cobro de los costos operativos a las familias de los implicados.
Según estimaciones oficiales, cada procedimiento activado ante una amenaza de este tipo tiene un costo aproximado de 5 millones de pesos, monto que la Provincia buscará recuperar a través de acciones legales, en el marco de la responsabilidad civil de los padres o tutores.
Desde el Ministerio de Educación, en tanto, se reiteró que estas prácticas “no son una simple transgresión escolar, sino un delito grave que vulnera el derecho a la educación y altera la paz social” . Asimismo, se convocó a las familias a reforzar el diálogo con los estudiantes y a trabajar de manera conjunta con las escuelas para prevenir la propagación de este tipo de actos.
Las autoridades insistieron en la necesidad de abordar la problemática desde la concientización y la responsabilidad colectiva, con el objetivo de garantizar entornos educativos seguros.
