03/03/26

Comenzó en Santa Cruz el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan

 

 

 

Hoy comenzó el juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan, una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Armada Argentina, en la que murieron sus 44 tripulantes en noviembre de 2017.

En el proceso están imputados cuatro ex altos mandos de la Armada Argentina, acusados de presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que juzga al excomandante de la fuerza de submarinos, Claudio Villamide; al excomandante de adiestramiento y alistamiento naval, Luis Enrique López Mazzeo; al ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, Héctor Alonso; y al ex jefe del Departamento de Operaciones, Hugo Miguel Correa.

El tribunal está integrado por los jueces Mario Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Baronetto. Se prevé que el juicio se extienda durante varias semanas, con audiencias programadas de lunes a jueves en semanas intercaladas hasta julio. En la primera jornada se dio lectura a los requerimientos de elevación a juicio.

Los magistrados deberán determinar si existieron fallas operativas, de mantenimiento o de conducción que hayan contribuido al naufragio. La causa atravesó distintas controversias antes del inicio del debate, especialmente en torno a la jurisdicción donde debía realizarse el proceso.

En octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el juicio se lleve a cabo en Río Gallegos. Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron los planteos que pretendían trasladar el proceso a Mar del Plata o a los tribunales de Comodoro Py.

Los magistrados señalaron que el hecho ocurrió en alta mar, fuera de los límites territoriales de una jurisdicción específica, y que ante la incertidumbre sobre el lugar de comisión del delito debía mantenerse la intervención del tribunal que previno. “La ley es nítida al determinar que la competencia territorial por hechos delictivos ocurridos en alta mar es la del juez del primer puerto argentino al que arribe el buque. Pero en este caso, la tragedia radica en que el submarino no arribó a puerto alguno”, argumentaron.

También advirtieron que modificar la sede implicaría una nueva dilación en un expediente de enorme trascendencia institucional y social. “Es necesario, en todos los casos, pero sobre todo en este que enluta a la Nación entera, dar la más adecuada y pronta respuesta jurisdiccional a los imputados, a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto que reclama justicia”, sostuvieron.

### Un juicio sin responsables políticos

Días después de la definición sobre la sede del juicio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Los familiares habían denunciado tareas de seguimiento y recopilación de información personal entre 2017 y 2018, en el marco de sus reclamos por justicia. La investigación se inició tras el hallazgo de documentación en la delegación de la AFI en Mar del Plata, donde constaban informes sobre manifestaciones públicas y publicaciones en redes sociales.

En 2021, el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó a los acusados al considerar que las tareas de inteligencia buscaban influir en el escenario político e institucional. Sin embargo, en julio de 2022, la Cámara Federal porteña revocó esos procesamientos al entender que las acciones se encuadraban en tareas vinculadas a la seguridad presidencial.

Posteriormente, la Cámara de Casación Penal confirmó esa decisión al sostener que no existió espionaje ilegal, ya que la información recopilada era de carácter público y estaba relacionada con la protección del entonces presidente. Las querellas llevaron el caso ante el máximo tribunal, que finalmente rechazó los planteos y dejó firme el sobreseimiento.

 

 

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